Un cambio histórico en la justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha puesto fin a meses de confrontación al validar una polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo, que establece que los jueces en México serán elegidos mediante voto popular. Esta decisión marca un cambio histórico en el sistema judicial del país, que ahora tendrá que enfrentarse a la elección de alrededor de 1,700 cargos judiciales federales y de miles de jueces estatales.
A partir de 2025, los mexicanos acudirán a las urnas para decidir entre candidatos a jueces de diversos niveles, desde distritales hasta ministros de la Suprema Corte. La reforma se implementará en dos comicios: el primero en 2025 y el segundo en 2027. El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de organizar este complejo proceso, ha estimado que los costos alcanzarán los 13,200 millones de pesos para la elección inicial.
La decisión de la Corte pone fin a un prolongado debate entre el Ejecutivo y la Judicatura. La propuesta de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara, que intentaba limitar el alcance de la reforma y mantener los ascensos judiciales mediante el escalafón interno, fue rechazada por cuatro votos contra siete. El voto determinante fue el del ministro Alberto Pérez Dayán, quien, de forma sorpresiva, se unió al bloque oficialista, desechando la posibilidad de invalidar la reforma.
Durante el debate, el ministro Alcántara argumentó que la reforma judicial vulnera la independencia del Poder Judicial y elimina las garantías tradicionales de los jueces, como la inamovilidad en el cargo y la protección contra despidos arbitrarios. Su proyecto también sostenía que la reforma contradecía el sistema federal de México, al imponer desde la Constitución federal una estructura judicial a los Estados, que deberían ser autónomos en sus decisiones judiciales.
La reforma, sin embargo, fue defendida por el bloque oficialista de la SCJN, encabezado por las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes señalaron que solo el Congreso puede modificar la Constitución. A este grupo se sumó finalmente Pérez Dayán, quien expresó su preocupación sobre las consecuencias de la reforma, pero argumentó que existen otras vías para proteger los principios de independencia judicial sin interferir con los cambios constitucionales.
La validación de esta enmienda ha suscitado duras críticas por parte de la oposición. Algunos líderes de partidos opositores acusan al Gobierno de haber presionado al ministro Pérez Dayán para obtener su voto, aunque no han presentado pruebas de sus afirmaciones. Sin embargo, advierten que la reforma podría deteriorar la calidad e independencia del sistema judicial mexicano, al exponerlo a la politización y a campañas electorales.
El cambio también plantea un desafío logístico y financiero. Además de organizar la elección de miles de candidatos judiciales en temas diversos, como justicia familiar y asuntos comerciales o de telecomunicaciones, el INE deberá enfrentar la complejidad de educar a los votantes sobre los perfiles y funciones de cada juez, algo inédito en México y sin precedentes en democracias de su tamaño.
Para el oficialismo, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el partido Morena, esta reforma es una respuesta a la demanda popular de transformar una judicatura que consideran corrupta y privilegiada. En sus palabras, la elección directa de los jueces es un avance hacia una justicia más transparente y representativa.
Con la Suprema Corte respaldando la reforma, México se adentra en un escenario sin precedentes, que podría redefinir el balance de poderes y cambiar la dinámica de la administración de justicia en el país.
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