Ex presidente y ex vicepresidente de Panamá pretenden evadir denuncias e investigaciones por corrupción.
Laurentino «Nito» Cortizo y Gabriel Carrizo, expresidente y exvicepresidente de Panamá respectivamente, se encuentran en el centro de un debate en torno a su posible incorporación al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). La intención de unirse a este organismo ha generado críticas y dudas entre ciudadanos y líderes políticos, quienes cuestionan si realmente deben formar parte de este foro regional. La polémica se intensifica debido a los antecedentes de sus gestiones y las denuncias que marcaron su mandato en el gobierno panameño.
El PARLACEN es un organismo creado para fomentar la integración política y económica en Centroamérica, facilitando el diálogo y la cooperación entre los países miembros. Sin embargo, en la opinión pública, el PARLACEN ha sido criticado por ser un «refugio político» que permite a exmandatarios obtener cierta inmunidad y protegerse de investigaciones o procesos judiciales. Esta percepción se ha consolidado debido a casos anteriores en los que exgobernantes involucrados en actos de corrupción o cuestionados por su desempeño ingresaron al PARLACEN para evitar ser procesados en sus respectivos países.
Existen varias razones que sustentan las críticas a la posible incorporación de Cortizo y Carrizo al PARLACEN. Entre ellas los antecedentes de irregularidades durante su gobierno, ambos enfrentan acusaciones y señalamientos por presuntos actos de corrupción, uso indebido de recursos públicos y falta de transparencia en la administración.
Durante el mandato de Cortizo, se denunciaron contratos asignados sin licitación, manejo cuestionable de fondos para la pandemia y múltiples reclamos sobre la falta de rendición de cuentas.
Carrizo, por su parte, fue señalado por favorecer intereses privados desde su posición de vicepresidente y se le acusó de posibles conflictos de interés en el manejo de proyectos de infraestructura. Además de ser cómplice en la extorsión y despojo a inversionistas, articulado desde las instituciones financieras de este país, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas, la Fiscalía de Panamá y varios jueces que se repartieron el patrimonio de empresarios que fueron estafados.
Uno de los mayores temores de los panameños que piden se castiguen los actos de corrupción, es que ambos ex funcionarios utilicen el PARLACEN como un refugio para evadir investigaciones y sanciones por sus actos como gobernantes. La inmunidad que otorga el organismo podría convertirse en una barrera para que se esclarezcan posibles irregularidades. Para muchos, permitir su ingreso sería consolidar una cultura de impunidad que ha afectado a Centroamérica y, en particular, a Panamá.
El PARLACEN fue creado con la intención de promover la democracia y la transparencia en los países centroamericanos, valores que estarían en contradicción con el historial de Cortizo y Carrizo, marcado por denuncias de corrupción y falta de transparencia. La incorporación de figuras cuestionadas dentro del organismo debilita su imagen y reduce su credibilidad como institución.
En Panamá, muchos ciudadanos han expresado su descontento y rechazo hacia la idea de que exmandatarios con antecedentes cuestionables obtengan posiciones en organismos internacionales. Este sentimiento refleja el agotamiento de la población con una clase política percibida como desinteresada en el bienestar público y centrada en sus propios beneficios.
La posible integración de Laurentino Cortizo y Gabriel Carrizo al PARLACEN genera una profunda preocupación en Panamá. Sus antecedentes y los cuestionamientos que pesan sobre sus gestiones hacen que el público considere esta posibilidad como un obstáculo para la justicia y un contrasentido para la democracia. Para muchos, su ingreso al PARLACEN sería otro ejemplo de la «puerta giratoria» que permite a políticos en problemas seguir en posiciones de poder, y debilita la legitimidad de las instituciones que deberían velar por los intereses ciudadanos.
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